Jóvenes y Trabajadores al Frente contra la Reforma Judicial 2024
María José Servín Ilizaliturri
Del Ángel de Independencia al Senado de la República,
Ciudad de México a 1ro de septiembre de 2024.
La reforma al Poder Judicial ha generado una creciente presión de diversos sectores, incluidos los trabajadores del Poder Judicial, quienes se encuentran en paro indefinido en señal de protesta. Hoy, 1ro de septiembre, estudiantes de distintas universidades nos unimos al contingente de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Con pancartas en mano, nuestras voces se entrelazan, resonando en cada paso que damos. Cada consigna que lanzamos arde con fuerza, avanzamos al ritmo de la justicia que defendemos.
Estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos nos unimos en una sola voz para gritar con fuerza: “No a la Reforma Electoral”, “México despierta, la justicia está en alerta” y “¿Dónde están? ¿Dónde están los diputados que nos iban a escuchar?”. Hoy, el desafío de la ciudadanía es hacerse visible, ejercer presión y hacer valer nuestra voz.
Nuestra voluntad general está en manos del oficialismo, que busca aprobar el proyecto de ley en la próxima legislatura. El pasado miércoles 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el proyecto que confirma la mayoría calificada de Morena y sus aliados —el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo— en la Cámara de Diputados. Esto les permitirá avanzar y obtener la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara de Origen sin necesidad de consensuar con la oposición. Una vez aprobado en dicha Cámara, el proyecto será enviado al Senado. Allí, Morena y sus aliados contarán con 83 escaños, muy cerca de los 86 necesarios para alcanzar una mayoría calificada.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales deben ser ejercidos por poderes distintos, independientes y autónomos. La Reforma propuesta va en contra de este equilibrio, ya que rompe con la separación de poderes y compromete la independencia de cada uno, alterando el equilibrio en el ejercicio del poder.
Senadoras y senadores, diputadas y diputados: escuchen a la ciudadanía, defiendan a México, defiendan la voluntad general, cumplan con la gente que votó por ustedes. Este es un llamado urgente a la responsabilidad y al compromiso. No permitan que intereses particulares comprometan el futuro de nuestro país. La voz del pueblo debe ser escuchada, y la justicia y la democracia deben ser salvaguardadas. Ahora es el momento de actuar con valentía y de responder con integridad a las demandas de quienes les confiaron su representación.
Este 2 de junio del 2024, millones de mexicanos salimos a ejercer el voto y elegir 20,000 cargos de contienda electoral; no sólo votamos a nuestra futura presidenta, si no también a 628 legisladores que conforman el Congreso de la Unión. Esto último es de suma importancia porque de ahí dependen los contrapesos de carácter político institucional. Los primeros datos del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que la aspirante a presidenta por el partido Movimiento Acción Nacional (MORENA), Claudia Seinbaun, ganó las elecciones a Xóchil Galvez, de Fuerza y Corazón por México, con un porcentaje entre 58,6% y 60,7% de los votos. Así mismo, Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con entre 346 y 380 curules; y en el Senado, entre 76 y 88 plazas, adquiriendo mayoría absoluta si son menos de 84 plazas, o mayoría calificada si son más de 85.
¿Qué efectos se derivan de esta circunstancia? Con los resultados de Diputaciones, se les abre la puerta a reformar la Constitución; con las Senadurías, tendrían que pactar en la cámara alta para sacar adelante reformas constitucionales que quisieran realizar. Con los resultados del conteo rápido, los contrapesos institucionales, vistos como límites que un poder tiene derecho a imponer sobre otro, se vuelven difusos. María Amparo Casar, hablaba de un pasado con un poder presidencial desbordado; un sistema en el que se anula la acción independiente de los poderes Legislativo y Judicial.
Hoy, reincidimos en el fallo, se escuchan los ecos de un poder poder Ejecutivo desbordado. MORENA legitimó su posición, tienen mano libre sobre la configuración de la forma de gobierno que adopta nuestra nación; esto pone en riesgo los valores de libertad política y voluntad general del pueblo mexicano.
Pareciera ser que el partido ganador, tenía el camino trazado. Buscó deshacer el conjunto de cambios institucionales que se realizaron a lo largo de la transición política Mexicana; cambios con una tendencia a la limitación del poder Ejecutivo. Desacreditando y atacando a distintos órganos autónomos que reducen sustancialmente las facultades del ejecutivo; como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Bloqueó nombramientos en sus consejos directivos, recortó su presupuesto, buscó limitar sus atribuciones y amenazó con desaparecerlos.
Así mismo, modificó Leyes en torno a la protección de los derechos y la limitación del poder estatal. Como lo es la Ley de Amnistía, que permitía al Legislativo equilibrar el poder del Ejecutivo y Judicial, corrigiendo posibles excesos o abusos; y la Ley de Amparo, la cual servía para que el poder judicial controle actos del Ejecutivo y del Legislativo, asegurando el respeto a la Constitución. Con las modificaciones realizadas a estas leyes, en cuestión de la amnistía, cualquier delito puede ser perdonado por el presidente; mientras que las sentencias de amparo, ya no tendrán efectos generales, solamente surtirán efecto a la persona que se amparó. Dando como resultado, un fallo en los mecanismos que impiden la concentración excesiva de poder en un solo individuo.
Es así cómo Claudia asciende a la presidencia con un poder desbordado. Iniciará su sexenio con mano libre para hacer de México el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy los mexicanos estamos a su voluntad, a la espera de conocer cuál será su dirección. Sin embargo, no fué una imposición forzada, la ciudadanía cedió su voluntad y cómo consecuencia concentró el poder en una sola persona. Esto me lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo leyó el electorado estás elecciones? ¿Se tomó en cuenta los contrapesos de la Unión y la importancia de los mismos, o simplemente se siguió la personificación de un partido? Puede que la oposición no haya dado el ancho, reaccionó demasiado tarde y no hubo un frente amplio; o puede que el pueblo, agradecido con el gobierno, le dió a MORENA la oportunidad de alzar el segundo piso de la cuarta transformación.
Plaza de la Constitución, Ciudad de México a 19 de mayo de 2024.
Hoy, organizaciones de la sociedad civil bajo el movimiento Marea Rosa, se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en otras 81 ciudades a lo largo de la República Mexicana y en algunas partes del extranjero. La Marea Rosa surgió como un símbolo defensor del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, hoy se asume como una declaración en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por consiguiente, un apoyo a la coalición opositora Fuerza y Corazón por México; formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Creo firmemente que estamos en condiciones de ver más allá las vivencias de cada uno de los que estuvimos presentes hoy en el Zócalo. Éstas son diversas, más allá de lo evidente; para algunos, el punto culminante fue el cierre de campaña y el discurso de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición. Mientras tanto, otros priorizaron asistir como simpatizantes de su partido político. Es posible que varios simplemente asistieron a manifestar su descontento con el gobierno vigente, los gobiernos anteriores y/o la situación actual de México. Algunos, como la suscrita, acudimos con esperanza y el firme anhelo de un México consciente de su realidad, un México alerta a sus amenazas y debilidades pero también a sus fortalezas y oportunidades, un México perceptivo que pueda crear políticas públicas que impulsen el bienestar general de su población. En definitiva, el Zócalo se encontró repleto de individuos de la sociedad civil, cada uno con sus propias motivaciones y prioridades. No obstante, se contempla un fin compartido: la construcción de una mejor sociedad para todos.
Hoy estuve rodeada de conciudadanos, abierta a las peticiones que esbozó cada uno de ellos. Presencié desde risas a llantos, algunos cantaron el himno nacional mientras lágrimas corrían por sus mejillas; otros cantaron con fuerza y alegría. Fui testigo de una ciudadanía unida más allá de cualquier discordia partidaria o ideológica. A la par de los discursos políticos, bajo el intenso calor del sol, se escuchó firmemente el grito al unísono que reclamaba “No nos fallen” al tiempo que otros advertían “No tienen cheque en blanco”. El encuentro del día de hoy, me hace pensar firmemente que la ciudadanía está alerta, estamos viviendo una etapa transitoria donde se demanda rendición de cuentas. Ningún funcionario público o candidato a ocupar un cargo, queda exento de sus obligaciones y responsabilidades. Hoy, se dió a entender que México es primero. Se están defendiendo principios de honestidad, integridad, justicia, responsabilidad y compromiso. Hoy, la sociedad civil se concentró en el Zócalo bajo la bandera ondeante de nuestro país, cada uno de los que asistimos, mantuvimos el anhelo de un cambio. Hoy se expresó que México merece más, hoy exigimos más; pero con la exigencia viene el deber, es por ello que el 2 de junio nos debemos a nosotros mismos, a nuestros conciudadanos y a los futuros mexicanos, ejercer nuestro derecho al voto.
The struggle for democracy in Latin America has been marked by a correlation of historical, political, economical and social factors. These elements have influenced the development, challenges, and progress of democratic governance in the region.
By understanding why it has been so difficult for democracy to develop deep roots in Latin America, we are able to explore the complexities and challenges we face nowaday. We are provided with a foundation and a comprehensive understanding of political systems, governance and societal dynamics that help us develop informed policies and strategies aimed at strengthening democratic institutions and processes in the region.
The state of democracy in Latin America is influenced by a wide range of variables. Throughout this study, we will focus on the next hypothesis: The specific historical experiences and trajectories of individual countries in Latin America, including periods of authoritarianism and strong military enforcement, have a profound impact on the current state of democracy.
This study will be carried out in the form of an exploratory, analytical and hypothesis method. The purpose is to analyze the variables that influence the lack and difficulty of establishing deep democratic roots in the region; specifically in countries such as Chile, Mexico and Venezuela.
In first instance, it is important to define what we understand by democracy. In etymological terms, democracy means the power (kratos) of the people (demos). However, it is important to go beyond and understand the concept of democracy from a prescriptive and descriptive definition. Sartori argues that a democratic system is supported by democratic deontology; what democracy is cannot be separated from what democracy should be. This is where the definition of democracy becomes more complex. (G. Sartori, 2012)
Lately, modern governments might have or not, practices and institutions that are considered democratic. These practices respond to a representative model of democracy where political parties and people in office represent the people’s general will. Anibal Perez-Liñan (2004) provides 4 dimensions that determine the democratic level of competitive regimes: (i) free elections (political alternation), (ii) universal suffrage, (iii) protection of civil and political rights, (iv) elected authorities must exercise the power.
Now, it seems pertinent to make a periodic recapitulation of the democratization processes in Latin America. With the independence of the Spanish kingdoms in the 19th century, there were a series of political, social, economical and cultural transformations that shaped the foundations of Latin America. The consolidation of these National States was marked by periods of political instability (internal conflicts and struggles for power). Throughout this period, Latin America experienced a wide range of political models: republics, empires, dictatorships, and democratic governments.
The 20th century in Latin America is characterized by processes of industrialization, urbanization, military dictatorships, revolutionary movements, economic crises and democratization. In order to understand the complexity of this period, we will study three practical cases: Chile, Mexico and Venezuela.
Chile: From 1823 to 1833, we can observe a period of consolidation of the Chilean nation state with a series of constitutional trials that aim to give a legal and constitutional order to the Republic. The Constitution of 1826 was promulgated, which sought to establish a more liberal and democratic political system. There were frequent changes in the presidency and conflicts between different political factions.
From the end of the 19th century to the beginning of the 20th century (1901-1920) we can observe a parliamentary period, which is characterized by the primacy of the legislative power and a political system in which the National Congress had a predominant role in decision-making.
In 1920, a significant change occurred in Chilean politics with the arrival of Arturo Alessandri Palma to the presidency, marking the beginning of a period known as the «Presidential Republic.» Which was characterized by the strengthening of the executive branch, a series of constitutional and political reforms, and an emphasis on economic and social development. This period represented a transition towards a more presidential political system and a greater concentration of power in the executive. Later on, the Revolution of 1924 occurred, triggered by a series of political and economic tensions. Followed by a period of political and economic stabilization after listening to popular demands.
The Chilean political environment took a turn in 1970, with the arrival of Salvador Allende to power (his election marked a historical milestone as he was the first democratically elected socialist president in Chile). However, in 1973 a revolutionary movement occurred due to policies of nationalization, agrarian reforms and other changes promoted by the Allende government.
Additionally, Allende’s lack of relations with the military sector, deepend the vulnerability of his government. Giving rise to General Augusto Pinochet’s revolutionary movement and military dictatorship. Dissolving the National Congress and suspending political parties. During the dictatorship, serious human rights violations were carried out. The government of Augusto Pinochet represents a dark stage in the history of Chile, marked by repression, human rights violations and significant changes in the country’s economy and politics. His departure from power marked the beginning of a new democratic stage.
In the late 1980s, there was growing internal opposition, as well as international pressure for a democratic system to be established. One of the most significant milestones was the 1988 referendum (democratic procedure through which citizens express their opinion or decision on a specific issue with binding effects for the government) in which Chileans had the opportunity to decide if they wanted Pinochet to continue in power for eight more years or if they preferred a return to democracy. The «No» won with a majority of 55%, marking a turning point on the path to democracy. From that moment on, negotiations began between representatives of the Pinochet government and the opposition to carry out an orderly transition. This involved agreements on key issues such as amnesty for certain regime crimes and the democratic election of a president. In 1989, presidential elections were held, resulting in the victory of Patricio Aylwin, candidate of the Coalition of Parties for Democracy, a coalition of opposition parties. On March 11, 1990, the transfer of power ceremony took place, marking the return to democracy in Chile after 17 years of military rule.
México: After the Mexican Revolution, the Partido Revolucionario Institucional (PRI) was consolidated as the dominant party in Mexico. Although there were elections, the PRI maintained an almost hegemonic control of power from 1929 to 2000.
This hegemony was sustained, in part, through the use of corporatism. This political strategy consists in establishing interest groups organized and regulated by the State to collaborate in making political and economic decisions. During the PRI government, corporate organizations were created under state control. These included the worker, peasant and popular sectors, allowing the political party to maintain effective control over various sectors of society, which contributed to its political dominance.
On the other hand, a fourth sector that was given an important focus was the military. Under the government of Plutarco Elías Calles, policies were implemented to incorporate the Army as a corporate organization under the control of the State. Specific unions and trade organizations were created for military personnel. These unions were controlled by the State and had the objective of channeling the demands and needs of the military. Military corporatism sought to promote discipline and loyalty of the armed forces to the government. This was achieved through the centralization of state command and control over military leaders.
In the 1990s, the party faced increasing challenges due to demands for reform and an increase in political competition. Luis Donaldo Colosio was selected as the PRI’s presidential candidate for the 1994 elections. While Colosio was holding a rally in Lomas Taurinas, Tijuana, he was shot dead. This tragic event generated a political crisis in Mexico. Uncertainty and public upheaval led to a reordering of the electoral process and significant changes to the PRI campaign. Ernesto Zedillo took over as the PRI candidate and eventually won the 1994 elections. The assassination of Colosio and the subsequent victory of Zedillo marked the beginning of a period of transformations in Mexican politics. The PRI could no longer maintain its absolute dominance and was forced to adapt to a new political reality.
This gave way to a democratic transition in which candidate Vicente Fox of the Partido Acción Nacional (PAN) won the 2000 presidential elections. The new government regimes did not change the way the old PRI operated. To the extent that in the second government of the right-wing party, President Felipe Calderon once again gave prominence to the military sector. Introducing the war on drug trafficking and reintroducing the militia to the public life. For the year 2018, the presidential candidate Andres Manuel Lopez Obrador (considered a left-wing politician) had as his campaign proposal the promise of removing the militia from Mexican public spaces. However, as president, his government decisions have been inclined to give power and money to the military sector. Following the Venezuelan model and Hugo Chavez’s footsteps with decisions surrounding the relation between State and militia.
It is evident that the current Mexican government has given greater power to the military, especially when it comes to public security and the fight against organized crime. This phenomenon has translated into the active participation of the Army and Navy in patrol, surveillance and combat operations against criminal groups in various regions of the country. In addition, close coordination has been established between the armed forces and civil security agencies, such as federal and state police. The armed forces have also assumed security roles in strategic areas such as ports, borders and other areas of national interest.
Now let’s continue with the practical case of the Bolivarian Republic of Venezuela. It is important to emphasize the great natural wealth of Venezuela, having the largest reserves of oil and gas in the world. Which caused the military to take advantage of the institutional instability in the 90s, stemming from its history and political trajectory. Said instability gave way to a first failed coup attempt against the government of then-president Carlos Andrés Pérez; led by Hugo Chávez on February 4, 1992. Chávez was arrested and then pardoned, released from prison thanks to public pressure and a growing political movement that supported him.
In 1997, Chávez founded the Fifth Republic Movement (MVR), a political party that would serve as the basis for his presidential candidacy. In the 1998 presidential elections, Hugo Chávez ran as a candidate and won by a wide margin, gaining the support of a significant portion of the population who sought change in the country’s political and economic system.
Even though his campaign promise was not to be re-elected, he did not comply. Chavez left power when he died due to a terminal cancer, but not before imposing the person who succeeds him to date, Nicolás Maduro.
Chávez implemented a series of political, economic, and social reforms, fundamentally reshaping Venezuela’s governance and society. He introduced a new constitution in 1999, which brought about significant changes to the country’s political landscape, including the establishment of recall referendums and the option for indefinite presidential re-election. Economically, Chávez pursued a policy of nationalization, taking control of key industries such as oil, telecommunications, and electricity. He also launched social assistance programs and missions to address basic needs in areas like healthcare, education, and housing. Additionally, Chávez established a close and complex relationship with the Venezuelan armed forces. To consolidate his power, he promoted loyal officials and gave them key positions in his government. He assigned the armed forces an active role in the fight against organized crime and the country’s internal security, which included operations against insurgent and drug trafficking groups. In addition, Chávez invested in the modernization and acquisition of weapons, making Venezuela one of the main buyers of weapons in Latin America. He encouraged the military to actively participate in politics, holding ministerial and government positions. The Strategic Operational Command of the Armed Forces acquired a central role in decision-making on security and defense.
Latin American countries share aspects that affect the instability of their governments. Some of them are: they lived for hundreds of years under the public and administrative control of European powers; they are highly stratified societies, most of the time responding to discriminatory criteria; the independence of these countries caused a birth with economic difficulties and populations with a high degree of illiteracy; considering that in Europe the modern state can be traced back to the 15th century, Latin America’s countries (born in the 19th century) are very young in modern State history, causing a maturity deficit in their political institutions.
These factors cause a weak state complex to govern. Said obstacles become opportunities to promote change. Most of the time these opportunities have been crystallized with the support of those who have a monopoly on public force: the militia. Once in power, they lack motivation to strengthen democratic institutions since it would imply the possibility of abandoning the privileges they enjoy.
La legalidad del presidencialismo de Andres Manuel Lopez Obrador es un tema que está siendo objeto de análisis y debate en la opinión pública y en los medios de comunicación, y que requiere de un análisis detallado y riguroso para poder emitir una opinión fundamentada y objetiva sobre el tema. Para ello debemos analizar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella: (i) el respeto a la división de poderes, (ii) la transparencia y rendición de cuentas y finalmente, (iii) la legalidad en la toma de decisiones políticas.
Para adentrarnos al análisis del presidencialismo de López Obrador, me parece relevante resaltar la propuesta teórica que el politólogo alemán, Dieter Nohlen realiza en su artículo “El Presidencialismo: Análisis y Diseños Institucionales en su Contexto”. Nohlen sugiere que el presidencialismo se expresa en varias formas; en América latina es cambiante y de características nacionales. El autor realiza un análisis sobre la tipificación del presidencialismo. Veamos pues el esquema de referida clasificación:
Tipo de presidencialismo
Ejercicio de poder
Hiperpresidencialismo o dominante
Concentración del poder en el Ejecutivo.Supresión de los controles horizontales.Ejercicio del poder con altos rasgos personalistas.
Reforzado o racionalizado
Fuerte poder ejecutivo.Resultante de reformas constitucionales.Racionalización del proceso político.Agilización de políticas de desarrollo.Estilo de decisión mayoritaria.
Puro o equilibrado
Poderes equilibrados.Funcionamiento dependiente del sistema de partidos.Estilo de decisión mayoritaria.
Atenuado
Poderes constitucionalmente equilibrados.Estilo de decisión mayoritaria.Determinado por tipos de sistema de partidos.
Parlamentarizado
Determinado por la práctica política, estilo de decisión negocial y de compromiso.
Siguiendo con la línea de argumentación, me parece pertinente citar a Maria Amparo Casas, quien diagnostica el presidencialismo mexicano de la siguiente manera:
“… -un caso de hiperpresidencialismo-, ¿qué elementos explican la capacidad del ejecutivo para anular la división de poderes? La variable que explica el hiperpresidencialismo es la existencia de un partido y un sistema de partido hegemónicos que han permitido al ejecutivo penetrar las instituciones políticas y definir no sólo su composición sino su comportamiento.
María Amparo Casar, indica que los contrapesos institucionales son los límites que un poder tiene derecho a imponer sobre otro y derivan de la configuración de la forma de gobierno que adopta una nación. Sin embargo, en el caso de México, Amparo Casar habla de la existencia del recuerdo de un poder presidencial desbordado; un sistema en el que el Poder Ejecutivo anulaba la acción independiente de los poderes Legislativo y Judicial. ¿A qué se debe esto? El doctor Jorge Carpizo argumenta que esto se debe más a un problema político que a un problema constitucional, ya que constitucionalmente, el Ejecutivo está lo suficientemente acotado para operar de manera democrática y los otros poderes están lo suficientemente dotados para desempeñar sus funciones y cumplir con su papel de balancear el poder. (Amparo Casar, n.d.)
Ahora bien, adentrémonos al caso práctico y al análisis de la legalidad en el presidencialismo de Andres Manuel. Dicha evaluación, la haremos conforma tres distintas variables: (i) cumplimiento de la CPEUM y el respeto a los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella, (ii) respeto a la división de poderes, (iii) transparencia y rendición de cuentas, (iv) legalidad en la toma de decisiones políticas:
Cumplimiento de la CPEUM y el respeto a los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella:
Es importante que todas las autoridades y actores sociales en México se comprometan a cumplir con la CPEUM y a respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella. Para analizar la legalidad de la acción gubernamental del presidente Lopez Obrador, utilizaremos como ejemplo la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es una medida tomada por el gobierno mexicano en 2019 como parte del proyecto político y social del presidente Lopez Obrador, la Cuarta Transformación. El gobierno mexicano argumenta que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA es una medida necesaria para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
¿Qué implica la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA? Implica que los elementos de la Guardia Nacional estarán bajo el mando y control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que estarán sujetos a la estructura, normatividad y disciplina de esa dependencia.
Esta medida ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad, ya que consideran que la militarización de la seguridad pública puede tener consecuencias negativas para los derechos humanos y para el desarrollo democrático del país. Inclusive, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido objeto de controversia, algunos sectores de la sociedad han argumentado que es inconstitucional.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es inconstitucional. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de las autoridades civiles, por lo que la militarización de la seguridad pública podría ser considerada una violación a esta disposición constitucional. Además, la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA podría tener implicaciones en términos de la protección de los derechos humanos, ya que la actuación de los militares en tareas de seguridad pública puede estar sujeta a menos controles y garantías que la de las fuerzas civiles.
Respeto a la división de poderes:
El presidencialismo de Lopez Obrador debe respetar la separación y el equilibrio de poderes entre los distintos órganos del Estado, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente ha demostrado lo contrario con los ataques directos hacia la ministra Norma Piña Hernández.
Es importante destacar que como jueza o magistrada de los tribunales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la labor de la ministra Piña implica tomar decisiones que pueden generar controversia y descontento en algunos sectores de la sociedad. Es común que los jueces y magistrados reciban críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación o los grupos políticos o de interés que se sienten afectados por sus decisiones. Sin embargo, es fundamental recordar que la independencia judicial es un principio fundamental del Estado de derecho. Es importante que el presidente de la república respete la labor de los jueces y magistrados, así como las decisiones que toman, y que en caso de estar en desacuerdo con ellas, se recurra a los medios legales y pacíficos para impugnarlas o criticarlas, sin recurrir a la violencia o la intimidación.
La Ministra Norma Piña Hernández, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ha sido objeto de críticas y ataques directos por parte del presidente en las mañaneras y en algunos medios de comunicación y redes sociales por su participación en decisiones y opiniones en casos relevantes. Es importante destacar que la Ministra Piña Hernández cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito del derecho y ha sido reconocida. Además, como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está cumpliendo con su deber de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de manera imparcial y objetiva.
Los ataques hacia la ministra Norma Piña Hernández, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del gobierno federal; comenzaron luego de que la ministra votara a favor de una controversia constitucional presentada por el gobierno del estado de Tamaulipas, en la que se cuestionaba la constitucionalidad de la extinción de fideicomisos aprobada por el Congreso de la Unión. El presidente López Obrador criticó públicamente el voto de la ministra, sugiriendo que estaba a favor de la corrupción al votar en contra de la extinción de los fideicomisos. Posteriormente, la ministra Piña Hernández fue criticada por su postura en torno al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que ella emitió un voto particular en el que afirmaba que la Fiscalía General de la República no había presentado suficientes elementos para justificar el desafuero.
Estos ataques han sido criticados por distintas organizaciones civiles, académicos, juristas y otros actores políticos, que consideran que el presidente López Obrador ha violado el principio de separación de poderes y ha afectado la independencia del Poder Judicial. Además, argumentan que los ataques a la ministra Piña Hernández son una forma de presión y hostigamiento hacia un juez que está actuando en estricto apego a la ley y la Constitución.
En cualquier caso, es importante recordar que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia y del Estado de derecho, y que cualquier intento de debilitarla o de afectarla puede poner en riesgo la estabilidad y la paz social en México.
Transparencia y rendición de cuentas:
El Presidente Andres Manuel Lopez Obrador debe ser transparente en su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que rigen la gestión pública. Esto, con el objetivo de defender el Estado de derecho. En México, la transparencia y rendición de cuentas se encuentran garantizadas por diversas leyes y normas, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras. Estas leyes establecen la obligación de los órganos públicos de proporcionar información a la sociedad, así como de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos y los resultados obtenidos. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, en México aún persisten retos importantes, como la falta de acceso a información clave sobre temas de interés público, la opacidad en la toma de decisiones y la impunidad en casos de corrupción.
El Tren Maya, proyecto de infraestructura impulsado por el actual gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su plan de desarrollo económico y social para la región. La transparencia en el proceso de construcción del Tren Maya es un tema de suma importancia, dado que se trata de un proyecto financiado en gran parte con recursos públicos y que podría tener impactos significativos en el medio ambiente y en las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región. Por un lado, se ha creado un sitio web oficial del Tren Maya donde se puede encontrar información sobre el proyecto, así como sobre los procesos de licitación y contratación de empresas para la construcción de la obra. Además, el gobierno mexicano ha afirmado que se están llevando a cabo procesos de consulta y participación ciudadana para garantizar que las comunidades puedan expresar sus inquietudes y opiniones sobre el proyecto. No obstante, algunos sectores de la sociedad y organizaciones civiles han cuestionado la transparencia del proceso, argumentando que se requiere mayor información y acceso a los documentos y decisiones relacionadas con el proyecto.
Otro proyecto de la Cuarta Transformación es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Semejante al Tren Maya, el gobierno mexicano ha afirmado que se están llevando a cabo los procesos de consulta y participación ciudadana, así como la creación de un sitio web oficial del aeropuerto y auditorías y revisiones de los recursos públicos asignados al mismo. En todo caso, es importante que el gobierno mexicano garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que se escuchen las voces de todas las partes interesadas para minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios del proyecto.
Legalidad en la toma de decisiones políticas:
Durante su conferencia de prensa matutina del 11 de febrero de 2022, el presidente López Obrador hizo público que Carlos Loret de Mola había obtenido 35.2 millones de pesos por su labor periodística en Televisa, Radiopolis, Latinus, El Universal, el Washington Post y otros medios. Conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); la información pública se refiere a aquella que es relevante o beneficiosa para la sociedad en su conjunto, y no solo de interés individual. Dicho esto podemos inferir que la información que exhibió el presidente ese 11 de febrero, fueron datos personales de Carlos Loret de Mola. Al no tener el consentimiento del mismo, esto constituye una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en México. Ambas leyes establecen regulaciones para el tratamiento de datos personales por parte de empresas, organizaciones y autoridades gubernamentales, con el objetivo de proteger los derechos de privacidad y control de la información de las personas.
Como forma de resumen, los principios de la Constitución Mexicana deben ser respetados por el gobierno y todos los actores sociales en México. La legalidad de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y los ataques a la magistrada de la Corte Suprema Norma Piña Hernández, deben ser analizadas de acuerdo con estos principios.
La Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, pues viola la directriz constitucional de que la seguridad pública es función de las autoridades civiles. Además, la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública podría tener consecuencias negativas para los derechos humanos y el desarrollo democrático.
El respeto por la separación y el equilibrio de poderes es crucial. El presidente López Obrador debe respetar la independencia del poder judicial y las decisiones que tome, sin recurrir a la violencia psicológica o la intimidación. Los ataques a la jueza Norma Piña Hernández son un ejemplo del desconocimiento del presidente de este principio, que es un aspecto fundamental del estado de derecho.
La legalidad en la toma de decisiones políticas implica respetar las leyes y regulaciones. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes y regulaciones, incluso si creen que están actuando en interés del bien común. En última instancia, el respeto por la privacidad y los derechos individuales es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones políticas.
En general, el apego a la Constitución Mexicana y sus principios como expresión democrática de la voluntad organizacional del pueblo, es fundamental para la estabilidad y el progreso del país. Es necesario defender el estado de derecho, respetar los derechos humanos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones del gobierno.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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