La legalidad del presidencialismo de Andres Manuel Lopez Obrador es un tema que está siendo objeto de análisis y debate en la opinión pública y en los medios de comunicación, y que requiere de un análisis detallado y riguroso para poder emitir una opinión fundamentada y objetiva sobre el tema. Para ello debemos analizar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella: (i) el respeto a la división de poderes, (ii) la transparencia y rendición de cuentas y finalmente, (iii) la legalidad en la toma de decisiones políticas.
Para adentrarnos al análisis del presidencialismo de López Obrador, me parece relevante resaltar la propuesta teórica que el politólogo alemán, Dieter Nohlen realiza en su artículo “El Presidencialismo: Análisis y Diseños Institucionales en su Contexto”. Nohlen sugiere que el presidencialismo se expresa en varias formas; en América latina es cambiante y de características nacionales. El autor realiza un análisis sobre la tipificación del presidencialismo. Veamos pues el esquema de referida clasificación:
| Tipo de presidencialismo | Ejercicio de poder |
| Hiperpresidencialismo o dominante | Concentración del poder en el Ejecutivo.Supresión de los controles horizontales.Ejercicio del poder con altos rasgos personalistas. |
| Reforzado o racionalizado | Fuerte poder ejecutivo.Resultante de reformas constitucionales.Racionalización del proceso político.Agilización de políticas de desarrollo.Estilo de decisión mayoritaria. |
| Puro o equilibrado | Poderes equilibrados.Funcionamiento dependiente del sistema de partidos.Estilo de decisión mayoritaria. |
| Atenuado | Poderes constitucionalmente equilibrados.Estilo de decisión mayoritaria.Determinado por tipos de sistema de partidos. |
| Parlamentarizado | Determinado por la práctica política, estilo de decisión negocial y de compromiso. |
Siguiendo con la línea de argumentación, me parece pertinente citar a Maria Amparo Casas, quien diagnostica el presidencialismo mexicano de la siguiente manera:
“… -un caso de hiperpresidencialismo-, ¿qué elementos explican la capacidad del ejecutivo para anular la división de poderes? La variable que explica el hiperpresidencialismo es la existencia de un partido y un sistema de partido hegemónicos que han permitido al ejecutivo penetrar las instituciones políticas y definir no sólo su composición sino su comportamiento.
María Amparo Casar, indica que los contrapesos institucionales son los límites que un poder tiene derecho a imponer sobre otro y derivan de la configuración de la forma de gobierno que adopta una nación. Sin embargo, en el caso de México, Amparo Casar habla de la existencia del recuerdo de un poder presidencial desbordado; un sistema en el que el Poder Ejecutivo anulaba la acción independiente de los poderes Legislativo y Judicial. ¿A qué se debe esto? El doctor Jorge Carpizo argumenta que esto se debe más a un problema político que a un problema constitucional, ya que constitucionalmente, el Ejecutivo está lo suficientemente acotado para operar de manera democrática y los otros poderes están lo suficientemente dotados para desempeñar sus funciones y cumplir con su papel de balancear el poder. (Amparo Casar, n.d.)
Ahora bien, adentrémonos al caso práctico y al análisis de la legalidad en el presidencialismo de Andres Manuel. Dicha evaluación, la haremos conforma tres distintas variables: (i) cumplimiento de la CPEUM y el respeto a los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella, (ii) respeto a la división de poderes, (iii) transparencia y rendición de cuentas, (iv) legalidad en la toma de decisiones políticas:
Cumplimiento de la CPEUM y el respeto a los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella:
Es importante que todas las autoridades y actores sociales en México se comprometan a cumplir con la CPEUM y a respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en ella. Para analizar la legalidad de la acción gubernamental del presidente Lopez Obrador, utilizaremos como ejemplo la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es una medida tomada por el gobierno mexicano en 2019 como parte del proyecto político y social del presidente Lopez Obrador, la Cuarta Transformación. El gobierno mexicano argumenta que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA es una medida necesaria para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
¿Qué implica la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA? Implica que los elementos de la Guardia Nacional estarán bajo el mando y control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que estarán sujetos a la estructura, normatividad y disciplina de esa dependencia.
Esta medida ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad, ya que consideran que la militarización de la seguridad pública puede tener consecuencias negativas para los derechos humanos y para el desarrollo democrático del país. Inclusive, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido objeto de controversia, algunos sectores de la sociedad han argumentado que es inconstitucional.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es inconstitucional. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de las autoridades civiles, por lo que la militarización de la seguridad pública podría ser considerada una violación a esta disposición constitucional. Además, la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA podría tener implicaciones en términos de la protección de los derechos humanos, ya que la actuación de los militares en tareas de seguridad pública puede estar sujeta a menos controles y garantías que la de las fuerzas civiles.
Respeto a la división de poderes:
El presidencialismo de Lopez Obrador debe respetar la separación y el equilibrio de poderes entre los distintos órganos del Estado, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente ha demostrado lo contrario con los ataques directos hacia la ministra Norma Piña Hernández.
Es importante destacar que como jueza o magistrada de los tribunales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la labor de la ministra Piña implica tomar decisiones que pueden generar controversia y descontento en algunos sectores de la sociedad. Es común que los jueces y magistrados reciban críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación o los grupos políticos o de interés que se sienten afectados por sus decisiones. Sin embargo, es fundamental recordar que la independencia judicial es un principio fundamental del Estado de derecho. Es importante que el presidente de la república respete la labor de los jueces y magistrados, así como las decisiones que toman, y que en caso de estar en desacuerdo con ellas, se recurra a los medios legales y pacíficos para impugnarlas o criticarlas, sin recurrir a la violencia o la intimidación.
La Ministra Norma Piña Hernández, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ha sido objeto de críticas y ataques directos por parte del presidente en las mañaneras y en algunos medios de comunicación y redes sociales por su participación en decisiones y opiniones en casos relevantes. Es importante destacar que la Ministra Piña Hernández cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito del derecho y ha sido reconocida. Además, como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está cumpliendo con su deber de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de manera imparcial y objetiva.
Los ataques hacia la ministra Norma Piña Hernández, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del gobierno federal; comenzaron luego de que la ministra votara a favor de una controversia constitucional presentada por el gobierno del estado de Tamaulipas, en la que se cuestionaba la constitucionalidad de la extinción de fideicomisos aprobada por el Congreso de la Unión. El presidente López Obrador criticó públicamente el voto de la ministra, sugiriendo que estaba a favor de la corrupción al votar en contra de la extinción de los fideicomisos. Posteriormente, la ministra Piña Hernández fue criticada por su postura en torno al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que ella emitió un voto particular en el que afirmaba que la Fiscalía General de la República no había presentado suficientes elementos para justificar el desafuero.
Estos ataques han sido criticados por distintas organizaciones civiles, académicos, juristas y otros actores políticos, que consideran que el presidente López Obrador ha violado el principio de separación de poderes y ha afectado la independencia del Poder Judicial. Además, argumentan que los ataques a la ministra Piña Hernández son una forma de presión y hostigamiento hacia un juez que está actuando en estricto apego a la ley y la Constitución.
En cualquier caso, es importante recordar que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia y del Estado de derecho, y que cualquier intento de debilitarla o de afectarla puede poner en riesgo la estabilidad y la paz social en México.
Transparencia y rendición de cuentas:
El Presidente Andres Manuel Lopez Obrador debe ser transparente en su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que rigen la gestión pública. Esto, con el objetivo de defender el Estado de derecho. En México, la transparencia y rendición de cuentas se encuentran garantizadas por diversas leyes y normas, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras. Estas leyes establecen la obligación de los órganos públicos de proporcionar información a la sociedad, así como de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos y los resultados obtenidos. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, en México aún persisten retos importantes, como la falta de acceso a información clave sobre temas de interés público, la opacidad en la toma de decisiones y la impunidad en casos de corrupción.
El Tren Maya, proyecto de infraestructura impulsado por el actual gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su plan de desarrollo económico y social para la región. La transparencia en el proceso de construcción del Tren Maya es un tema de suma importancia, dado que se trata de un proyecto financiado en gran parte con recursos públicos y que podría tener impactos significativos en el medio ambiente y en las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región. Por un lado, se ha creado un sitio web oficial del Tren Maya donde se puede encontrar información sobre el proyecto, así como sobre los procesos de licitación y contratación de empresas para la construcción de la obra. Además, el gobierno mexicano ha afirmado que se están llevando a cabo procesos de consulta y participación ciudadana para garantizar que las comunidades puedan expresar sus inquietudes y opiniones sobre el proyecto. No obstante, algunos sectores de la sociedad y organizaciones civiles han cuestionado la transparencia del proceso, argumentando que se requiere mayor información y acceso a los documentos y decisiones relacionadas con el proyecto.
Otro proyecto de la Cuarta Transformación es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Semejante al Tren Maya, el gobierno mexicano ha afirmado que se están llevando a cabo los procesos de consulta y participación ciudadana, así como la creación de un sitio web oficial del aeropuerto y auditorías y revisiones de los recursos públicos asignados al mismo. En todo caso, es importante que el gobierno mexicano garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que se escuchen las voces de todas las partes interesadas para minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios del proyecto.
Legalidad en la toma de decisiones políticas:
Durante su conferencia de prensa matutina del 11 de febrero de 2022, el presidente López Obrador hizo público que Carlos Loret de Mola había obtenido 35.2 millones de pesos por su labor periodística en Televisa, Radiopolis, Latinus, El Universal, el Washington Post y otros medios. Conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); la información pública se refiere a aquella que es relevante o beneficiosa para la sociedad en su conjunto, y no solo de interés individual. Dicho esto podemos inferir que la información que exhibió el presidente ese 11 de febrero, fueron datos personales de Carlos Loret de Mola. Al no tener el consentimiento del mismo, esto constituye una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en México. Ambas leyes establecen regulaciones para el tratamiento de datos personales por parte de empresas, organizaciones y autoridades gubernamentales, con el objetivo de proteger los derechos de privacidad y control de la información de las personas.
Como forma de resumen, los principios de la Constitución Mexicana deben ser respetados por el gobierno y todos los actores sociales en México. La legalidad de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y los ataques a la magistrada de la Corte Suprema Norma Piña Hernández, deben ser analizadas de acuerdo con estos principios.
La Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, pues viola la directriz constitucional de que la seguridad pública es función de las autoridades civiles. Además, la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública podría tener consecuencias negativas para los derechos humanos y el desarrollo democrático.
El respeto por la separación y el equilibrio de poderes es crucial. El presidente López Obrador debe respetar la independencia del poder judicial y las decisiones que tome, sin recurrir a la violencia psicológica o la intimidación. Los ataques a la jueza Norma Piña Hernández son un ejemplo del desconocimiento del presidente de este principio, que es un aspecto fundamental del estado de derecho.
La legalidad en la toma de decisiones políticas implica respetar las leyes y regulaciones. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes y regulaciones, incluso si creen que están actuando en interés del bien común. En última instancia, el respeto por la privacidad y los derechos individuales es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones políticas.
En general, el apego a la Constitución Mexicana y sus principios como expresión democrática de la voluntad organizacional del pueblo, es fundamental para la estabilidad y el progreso del país. Es necesario defender el estado de derecho, respetar los derechos humanos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones del gobierno.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amparo Casar, M. (n.d.). Los Frenos y Contrapesos a las Facultades del Ejecutivo; la Función de los Partidos Políticos, el Judicial, el Legislativo y la Administración Pública. UNAM.
Cosío Villegas, D. (1972). El sistema político mexicano: las posibilidades del cambio. México: Joaquín Mortiz.
Camacho, M. (1977). “Los nudos históricos del sistema político mexicano”. En Las crisis del sistema político mexicano (1928-1977). México: Colegio de México.
Carpizo, J. (2006). El presidencialismo mexicano. (19a ed.) México: Siglo XXI.
Casar, M. A. (2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”. En Carlos Elizondo Mayer Sierra y Benito Nacif (Comp.) Lecturas políticas sobre el cambio político en México. México: FCE/CIDE.
Nohlen Dieter (2013) «Presidencialismo versus parlamentarismo. Dos enfoques contrapuestos» en: Revista Latinoamericana de Política Comparada, Volumen 7, pp. 61-76
Nohlen Dieter (2013) «Presidencialismo versus parlamentarismo. Dos enfoques contrapuestos» en: Revista Latinoamericana de Política Comparada, Volumen 7, pp. 61-76
Linz Juan José (2013) «Los peligros del presidencialismo» en: Revista Latinoamericana de Política Comparada, Volumen 7, pp. 11-31
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 4 de mayo de 2023.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente al 4 de mayo de 2023.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, vigente al 4 de mayo de 2023.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, vigente al 4 de mayo de 2023.
